LA IMPUNIDAD UN OBSTÁCULO PARA LA LIBERTAD SINDICAL

El problema central es la inexistencia en Colombia de un servicio público de justicia, capaz de proveer los mecanismos institucionales para la solución de los conflictos (jurídicos, económicos, sociales, individuales o colectivos) y para el goce efectivo de los derechos y libertades. Lo cual genera de manera directa formas de justicia para estatales que buscan suplir el vacío del Estado en materia de justicia agravando aún más el problema de la violencia.

A pesar de una complejidad de normas que se entrecruzan especialmente en materia penal, lejanas de la cotidianidad del ciudadano común, normas que no tienen ningún derrotero que en su mayoría son el fruto de la usurpación de la facultad legislativa extraordinaria o de los Estados de Excepción y que se expidieron bajo el retumbar de los cañones o de los carro-bomba, baste señalar como patología de nuestro precario sistema jurídica que llevamos 113 años sin que el Congreso expida un solo Código, todos fueron expedidos por el Ejecutivo y algunos fueron normas de Estado de Sitio convertidas en permanentes.

En Colombia el 75% de las violaciones a sindicalistas es la consecuencia directa de la forma como se impide el ejercicio del derecho de asociación sindical, el 20% de las violaciones es el resultado de la agudización del conflicto armado y, finalmente, un 5% corresponde a actos de violencia delincuencial que obedecen a la degradación social que vive la sociedad colombiana.

Sobre el tema de la Impunidad en 1999 la OIT se pronunció en los siguientes términos: Si bien toma nota de las importantes dificultades que experimenta el gobierno y de sus esfuerzos para avanzar en el proceso de paz y la eliminación de la violencia, el Comité deplora que constatar que desde el último examen del caso en marzo de 1.999, se han cometido nuevos actos de violencia en contra de dirigentes sindicales y sindicalistas (homicidios 13, atentados a la integridad física 3, desapariciones, amenazas de muerte) y nuevos actos de discriminación antisindical. Así mismo, el Comité deplora profundamente que ninguna de las investigaciones en curso haya dado con los culpables de los hechos, lo que confirma la existencia en Colombia de un clima de impunidad que favorece la realización de nuevos actos de violencia y el hecho de que detentar un cargo de sindicalista entraña un peligro para la integridad física de quien lo ejerce particularmente en zonas donde el conflicto en más agudo. El Comité lamenta igualmente observar que el gobierno sólo ha enviado observaciones sobre parte de los alegatos, dejando sin respuesta la inmensa mayoría de las solicitudes de información anteriormente formuladas.

El Comité recuerda una vez más que el asesinato o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de los posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos y que la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales (véase recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición de 1.996, párrafo 51 y 55).

En estas condiciones, observamos que la situación sigue siendo preocupante, el Comité urge al gobierno a que de inmediato tome medidas para determinar las responsabilidades, procesar y sancionar a los responsables y prevenir la repetición de actos de violencia y de actos antisindicales en contra de dirigentes sindicales y sindicalistas

Existe una impunidad selectiva en la medida en que se prioriza por parte de la administración de justicia denegar la justicia a los pobres y hacer justicia a los poderosos, se invierten grandes recursos económicos y humanos en forma discriminatoria, por ejemplo en materia de protección a la vida en algunas ciudades hay mucho más fiscalías de patrimonio que de vida, en los Juzgados Civiles se priorizan los procesos ejecutivos hipotecarios contra los deudores del UPAC que se les priva del derecho a la vivienda, en lo laboral el 78% de los fallos son en favor de los patronos, y los pobres no acceden al aparato de justicia eso explica que en la Encuesta Nacional de Hogares el 85% de los ciudadanos digan que no creen en la justicia.

La impunidad como fenómeno social: 

Por su definición misma ausencia de castigo la impunidad pareciera circunscribirse a un terreno estrictamente jurídico. Si bien este aspecto es importante, la impunidad no se reduce a un problema meramente jurídico. Es ante todo y sobre todo un fenómeno de sociedad y como tal tiene dimensiones políticas, económicas, sociales, éticas, etc. La impunidad se instala en todos los espacios de la sociedad, carcome la vida política, destruye el tejido social, deroga la convivencia democrática, instaura el terror y la desesperanza en los pueblos y los individuos y consagra la ley del silencio como norma suprema de la supervivencia. En fin, la impunidad asegura la reproducción de la injusticia en todas sus dimensiones y la continuidad del statu.

La justicia queda en manos privadas que finalmente ejercen justicia por su propia mano, según sus intereses y como venganza. Eso se demuestra cuando revisamos cifras sobre impunidad: En 1993 el Ministerio de Justicia dice que solo el 20% de los delitos llegan a conocimiento de las autoridades y de ese 20% solo el 4% tenían una decisión definitiva de los jueces 96; Para el DANE en 1995 de un total de un 3,5 millones de delitos apenas se denunciaron 720.000 (26%), sobre estos casos presentados llegan a juicio un 10% y se absuelven por falta de pruebas el 9.9%; Según el Consejo Superior de la Judicatura en informe de 1996 entre el 97% y 98% de los delitos quedan impunes; Según la Policía Nacional el 90% de los delitos quedan impunes; De acuerdo al informe de 1996 de la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas el nivel de impunidad ha llegado al 99.5%, afirma que uno de cada 100 delitos llega a juicio. A enero de 1998 las autoridades señalaban que había 214.907 órdenes de captura sin ejecutar. Es decir, que la impunidad es de casi el 100% a pesar de que se invierten en justicia más de 4.000 millones de pesos diarios. Para las ONGS que se ocupan de los derechos humanos no hay duda de que la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos es prácticamente del 100%.

En Colombia la ausencia de castigo que cobija los agentes estatales violadores de derechos humanos no se da por que el aparato de justicia le falten recursos humanos, técnicos, logísticos o por falta de una política criminal, argumentos para la impunidad en general pero no para la que cobija los crímenes de lesa humanidad que es preconcebida por voluntad expresa del Estado, aclarando que muchos funcionarios judiciales han recibido amenazas que los han llevado a la inmovilización de las investigaciones, al exilio o incluso han sido asesinados por investigar los autores de esos crímenes.

Otras veces por que los funcionarios judiciales comparten la inspiración política de sus autores desviando las investigaciones por simple corrupción, buscando las pruebas donde no existen y se abstiene de buscar la verdad, que si existe y esta: en la memoria prohibida de las víctimas , de sus familiares y testigos, obligados a sobrevivir en el silencio; esta en las fosas comunes y en las tumbas anónimas; esta en las lágrimas derramadas detrás de las puertas y en los músculos tensionados de las gargantas que quisieran gritar pero no pueden ; esta en los rescoldos tugurízales donde moran los desplazados, como un fuego semidormido que pudiera despertar con un fuerte viento; esta en los sueños de un mañana construido a la medida de los ideales que fueron aplastados por el terror102 es una verdad que todos conocemos pero que los aparatos de investigación, y los beneficiarios de la exclusión social, política económica y cultural se resisten a aceptar.

Existe toda una estructura al interior del Estado y defendida por los medios de comunicación más poderosos, que no solamente no sanciona o no condena, sino que absuelve, promueve y asciende a los comprometidos en las violaciones. Así lo ha denunciado el Defensor del Pueblo: "Tal es el grado de impunidad que ha favorecido en este país a los violadores de los derechos humanos, que en muchos casos el Defensor del Pueblo se pregunta, al recibir y tramitar las quejas ante él presentadas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, suplicios y otras demasías; ¿Cuantos de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad serán destituidos? ¿Cuántos de ellos quedarán inhabilitados para desempeñar funciones públicas? ¿Cuántos de ellos irán a prisión? ¿Cuántos de ellos serán ascendidos o enviados a cursos en el exterior? ¿Cuántos de ellos resultaran injustamente absueltos, con la invocación torticera de la legitima defensa? Nadie negará que la historia reciente es pródiga en mostrarnos cómo en Colombia los asesinos, los torturadores y los responsables de desapariciones forzadas no sólo escapan a menudo de cualquier sanción, sino que frecuentemente son favorecidos con promociones, traslados, comisiones de estudio y otros estímulos, para indignación y pasmo de la ciudadanía. En Colombia la impunidad ya ni siquiera se toma el trabajo de ocultarse.

Referencia Bibliográfica

Restrepo, J. (13 de Junio de 2005). La impunidad un obstáculo para la libertad sindical. Recuperado de https://www.colectivodeabogados.org/?libertad-sindical-y-derechos